martes, 18 de febrero de 2020

PACTO DE TOLEDO 1




COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES






EL PACTO DE TOLEDO.

En la década de los 80, dos organismos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, emiten peticiones a los países de la UE, para que el peso de su gasto en Pensiones Públicas disminuya de forma progresiva.

Varios países (principalmente los nórdicos) acometen reformas en sus Sistemas de Pensiones Públicas, en la década de los 90.

En España, como suele ser habitual se esconde la cabeza debajo de la arena (como el avestruz), se opta por meter miedo a los ciudadanos/as, mediante la filtración de informes, que amenazan la quiebra de nuestro Sistema Público de Pensiones. Esto se hace con el objetivo de que los trabajadores corran a las entidades financieras, para abrir un Plan Privado de Pensiones.

Como eso no ocurre (los trabajadores desconfían de los bancos), se crea en el año 1995 la Comisión del Pacto de Toledo.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN.

1- Hacer recomendaciones al Gobierno, sobre la mejora y sostenibilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones.

2- Sacar del debate político y partidista nuestro Sistema Público de Pensiones, por medio del consenso de todas las fuerzas representadas.

3- Hacer posible la sostenibilidad del sistema.
Solo el primer objetivo se ha cumplido a día de hoy. 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.

Esta comisión está compuesta solo por diputados/as del Congreso, en función de la representación obtenida por los partidos políticos en las últimas elecciones, lo que hace que sea totalmente cuestionable su independencia política, y que no pueda cumplir con el 2º de sus objetivos.

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Esta mesa está formada por el Gobierno, generalmente Ministro/a de Trabajo y/o Ministro/a de Seguridad Social, y/o Ministro/a de Economía; las organizaciones sindicales mayoritarias: secretarios/as generales de UGT y CCOO; y las organizaciones empresariales: presidentes de CEOE y CEPYME. El objetivo es lograr acuerdos en materia de empleo, formación profesional y Seguridad Social. Es en este último apartado sobre Seguridad Social, donde entra el Pacto de Toledo acordado.

TRAYECTORIA.

La Comisión nace el año 1995, pero sus recomendaciones empiezan a tener efectos en el año 1996.

Empieza su andadura con 14 recomendaciones principales y 5 recomendaciones adicionales. Las principales son:

1 Separación y clasificación de fuentes de financiación.

2 Mantenimiento del poder adquisitivo.

3 Fondo de Reserva.

4 Financiación e integración de regímenes especiales.

5 Mejora de las bases de cotización.

6 Cotizaciones orientadas al empleo.

7 Modernización e información al ciudadano.

8 Gestión del sistema.

9 Lucha contra el fraude.

10 Sobre el carácter contributivo del sistema. 11 Edad de jubilación.

12 Prestaciones de viudedad y orfandad. 13 Solidaridad y garantía de suficiencia. 14 Sistemas complementarios.
Además incluye 5 recomendaciones adicionales:

1- Nuevas formas de trabajo y desarrollo profesional.

2- Mujer y protección social. 3- Dependencia.

4- Discapacidad.

5- Inmigración.

Es más que evidente, que si analizamos todas estas recomendaciones, y desgranamos su desarrollo, el trabajo de esta Comisión del Pacto de Toledo en sus dos décadas y media de existencia es muy pobre, más aún si tenemos en cuenta el dinero que nos cuesta a los ciudadanos/as mantenerla. Pero nos interesa sobre todo fijar nuestra posición de rechazo frontal en tres de las recomendaciones principales, a saber:
La primera que fija la separación de las fuentes de financiación, entendemos que es el origen de los males que aquejan al sistema.

Al impedir que los Presupuestos Generales del Estado, acudan a reforzar el sistema, ha provocado la disminución sostenida, cuando no premeditada de las cotizaciones sociales que hacían viable un sistema de Reparto como es el nuestro. Ha permitido que los diferentes gobiernos del PP y del PSOE se hayan dedicado a desregular todo lo posible y más el mercado laboral, primero mediante las reconversiones industriales de Carlos Solchaga, infausto personaje de la época que ha manifestado en alguna ocasión cosas como esta “¡de qué se quejan los jubilados españoles, si en diez años ya han cobrado lo que han cotizado!” o esta otra “¿qué tiene de malo, que España sea un país de servicios?” Pues si ese era el objetivo, convertir España en personas esclavas, siguiendo las instrucciones de Alemania y Dinamarca, ya lo han conseguido, un mercado laboral desregulado, donde los trabajadores y trabajadoras serán pobres trabajando mientras vivan.

Por si eso no fuera suficiente tanto PP como PSOE, han ido aprobando Reformas Laborales que han conseguido cambiar la relación entre trabajador y empresa. Si hasta hace unos años quien explotaba a los trabajadores era el empresario, ahora es el propio trabajador el que ha de explotarse a sí mismo, ahí tenemos los ejemplos de los falsos autónomos del reparto, o trabajadores con contratos temporales compitiendo entre sí por las migajas de las Empresas Temporales de Trabajo.

Por tanto, desde esta perspectiva, es absolutamente normal que nuestro Sistema Público de Pensiones se resienta y tenga dificultades, como sistema de Reparto (por eso exigimos la aportación necesaria desde los Presupuestos Generales del Estado), pero esta es una operación planificada y deliberada para hacerle caer paulatinamente, de tal forma que la ciudadanía no se dé cuenta de ello.

Y para hacer más visible que el sistema no es sostenible, generan el déficit mediante la petición de préstamos al Tesoro Público, que tarde o temprano se habrán de devolver.

La siguiente recomendación en la que nos hemos de fijar, es la que hace que sean compatibles, las pensiones públicas y las pensiones privadas. Estas provocan un vaciado de recursos del Sistema Público, a la vez que crean dos clases de trabajadores/as claramente diferenciadas, los/las que tienen empleo fijo y bien remunerado, que podrán disponer de dos pensiones el día que se jubilen, y los trabajadores y las trabajadoras con empleos de menos calidad, que solo podrán optar a la pensión pública, que por lo general será muy baja. Pero es que además, estos fondos que salen del Sistema Público, no contribuirán a la solidaridad intergeneracional e interterritorial que supone un sistema de reparto como el nuestro.

La siguiente recomendación que hemos de comentar es la 4ª ya que dice que se han de integrar todos los regímenes especiales en el Sistema General de la Seguridad Social. Pues bien a día de hoy, 25 años después de la creación de la comisión, seguimos teniendo 12 regímenes diferentes de pensiones, lo que desde luego no contribuye en absoluto a una mejor gestión.

De las demás recomendaciones, las personas que tengáis la paciencia de leer esto veréis que apenas se ha avanzado nada.

¿DÓNDE PODIA LA COMISIÓN HABERSE PRONUNCIADO EN DEFENSA DEL SISTEMA?

Esta Comisión del Pacto de Toledo, ha tenido varias ocasiones de hacer una defensa a ultranza de nuestro Sistema Público de pensiones, pero no se ha destacado por ello, más bien todo lo contrario o ha optado por el silencio más absoluto o ha contribuido a que las medidas de Gobierno fueran a peor. Vale la pena recordar por ejemplo:

La reforma de 2.011 de Zapatero, donde tuvo buena ocasión de advertir al Gobierno de las graves consecuencias de la misma, ya que supone en la actualidad una grave reducción de la pensión, por el aumento de la edad de jubilación y de los años de la base reguladora, reducción que se viene produciendo desde el año 2.015.

También pudo hacerlo con la congelación de Mariano Rajoy, y su reforma de 2.013 con el Factor de Sostenibilidad, que nos hará cobrar menos cuanto más esperanza de vida tengamos. No dijo nada, cuando también Rajoy, modifico la Ley que impedía al Gobierno retirar más del 3% del Fondo de Reserva, lo que provoco el agotamiento de este en solo tres años.

O lo pudo hacer cuando la oposición acudió al Tribunal Constitucional, en contra de la congelación de las pensiones del Gobierno de Rajoy, emitiendo una declaración contundente, o cuando se supo la sentencia de dicho Tribunal Constitucional, con cuatro votos particulares. Pero no: la callada como norma.

Tampoco se ocupó en absoluto del cálculo que se hacía al aplicar la pensión a los contratos temporales, que afectan principalmente a mujeres. Fue el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el que tuvo que enmendar al Gobierno. No les ha preocupado en absoluto la diferencia de género en materia de pensiones, que es de un 37% en contra de las mujeres.

No ha dicho absolutamente nada sobre las recientes declaraciones del Gobernador del Banco de España, que día sí y día también ataca a nuestro Sistema Público de Pensiones. Ni ha sido capaz de pedir una auditoria, sobre el destino de los 70.000 millones del Fondo de Reserva, Ni se ha pronunciado sobre el informe de “Economistas Frente a la Crisis donde se dice que los Gobiernos de turno, gastaron los fondos de la Seguridad Social en temas que no eran de su competencia, y que a día de hoy supondrían 500.000 millones de euros. No se pronuncia sobre la posibilidad de implantación de la Mochila Austriaca, algo totalmente inviable en nuestro país

Con este historial, no podemos entender el interés del Gobierno en resucitar dicha comisión y sus 23 recomendaciones pendientes, que hicieron saltar por los aires hace un año a dicha comisión, ante la oposición de Unidas Podemos y ERC para aceptarlas tal y como se proponían. No podemos menos que preguntarnos ¿Por qué entonces no era posible y ahora sí?

QUÉ PROPONEMOS.

Es evidente que proponemos la sustitución de dicha comisión por una verdadera mesa de trabajo, donde estén presentes los y las pensionistas junto con otras organizaciones sociales. Una mesa promovida por el Gobierno, pero completamente independiente de él, formada también por especialistas en áreas de economía, derecho laboral, seguridad social, derechos humanos, etc. Todas personas de reconocido prestigio. Una mesa que estudie con todos los datos disponibles, a) porque hemos llegado a esta situación, b) que podemos hacer para solucionar el mal denominado déficit del sistema,

c) como poder aplicar una pensión mínima de 1.084 € que fija la Carta Social Europea, d) como reducimos la diferencia de género, e) como abordamos el futuro de pensiones dignas para las generaciones venideras, y un montón de cuestiones más en torno a un SPP totalmente necesario, en la actualidad y para el futuro.

Es muy posible, que los intereses que se mueven entorno a una comisión de esta índole como el PT, haga que resulte muy difícil que tomen la decisión de suprimirla, pero si insistimos, si en realidad somos capaces de hacer verdaderas aportaciones de mejora, y que estas trasciendan a la ciudadanía la comisión no tendrá más remedio que morir, ya que la gente se dará cuenta de su inutilidad.


GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR. NUNCA DESISTIR.

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