PACTO DE TOLEDO 1

COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

EL PACTO DE TOLEDO.

En la década de los 80, dos organismos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, emiten peticiones a los países de la UE, para que el peso de su gasto en Pensiones Públicas disminuya de forma progresiva.

Varios países (principalmente los nórdicos) acometen reformas en sus Sistemas de Pensiones Públicas, en la década de los 90.

En España, como suele ser habitual se esconde la cabeza debajo de la arena (como el avestruz), se opta por meter miedo a los ciudadanos/as, mediante la filtración de informes, que amenazan la quiebra de nuestro Sistema Público de Pensiones. Esto se hace con el objetivo de que los trabajadores corran a las entidades financieras, para abrir un Plan Privado de Pensiones.

Como eso no ocurre (los trabajadores desconfían de los bancos), se crea en el año 1995 la Comisión del Pacto de Toledo.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN.

1- Hacer recomendaciones al Gobierno, sobre la mejora y sostenibilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones.

2- Sacar del debate político y partidista nuestro Sistema Público de Pensiones, por medio del consenso de todas las fuerzas representadas.

3- Hacer posible la sostenibilidad del sistema.

Solo el primer objetivo se ha cumplido a día de hoy. 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.

Esta comisión está compuesta solo por diputados/as del Congreso, en función de la representación obtenida por los partidos políticos en las últimas elecciones, lo que hace que sea totalmente cuestionable su independencia política, y que no pueda cumplir con el 2º de sus objetivos.

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Esta mesa está formada por el Gobierno, generalmente Ministro/a de Trabajo y/o Ministro/a de Seguridad Social, y/o Ministro/a de Economía; las organizaciones sindicales mayoritarias: secretarios/as generales de UGT y CCOO; y las organizaciones empresariales: presidentes de CEOE y CEPYME. El objetivo es lograr acuerdos en materia de empleo, formación profesional y Seguridad Social. Es en este último apartado sobre Seguridad Social, donde entra el Pacto de Toledo acordado.

TRAYECTORIA.

La Comisión nace el año 1995, pero sus recomendaciones empiezan a tener efectos en el año 1996.

Empieza su andadura con 14 recomendaciones principales y 5 recomendaciones adicionales. Las principales son:

1 Separación y clasificación de fuentes de financiación.

2 Mantenimiento del poder adquisitivo.

3 Fondo de Reserva.

4 Financiación e integración de regímenes especiales.

5 Mejora de las bases de cotización.

6 Cotizaciones orientadas al empleo.

7 Modernización e información al ciudadano.

8 Gestión del sistema.

9 Lucha contra el fraude.

10 Sobre el carácter contributivo del sistema. 11 Edad de jubilación.

12 Prestaciones de viudedad y orfandad. 13 Solidaridad y garantía de suficiencia. 14 Sistemas complementarios.

Además incluye 5 recomendaciones adicionales:

1- Nuevas formas de trabajo y desarrollo profesional.

2- Mujer y protección social. 3- Dependencia.

4- Discapacidad.

5- Inmigración.

Es más que evidente, que si analizamos todas estas recomendaciones, y desgranamos su desarrollo, el trabajo de esta Comisión del Pacto de Toledo en sus dos décadas y media de existencia es muy pobre, más aún si tenemos en cuenta el dinero que nos cuesta a los ciudadanos/as mantenerla. Pero nos interesa sobre todo fijar nuestra posición de rechazo frontal en tres de las recomendaciones principales, a saber:

La primera que fija la separación de las fuentes de financiación, entendemos que es el origen de los males que aquejan al sistema.

Al impedir que los Presupuestos Generales del Estado, acudan a reforzar el sistema, ha provocado la disminución sostenida, cuando no premeditada de las cotizaciones sociales que hacían viable un sistema de Reparto como es el nuestro. Ha permitido que los diferentes gobiernos del PP y del PSOE se hayan dedicado a desregular todo lo posible y más el mercado laboral, primero mediante las reconversiones industriales de Carlos Solchaga, infausto personaje de la época que ha manifestado en alguna ocasión cosas como esta “¡de qué se quejan los jubilados españoles, si en diez años ya han cobrado lo que han cotizado!” o esta otra “¿qué tiene de malo, que España sea un país de servicios?” Pues si ese era el objetivo, convertir España en personas esclavas, siguiendo las instrucciones de Alemania y Dinamarca, ya lo han conseguido, un mercado laboral desregulado, donde los trabajadores y trabajadoras serán pobres trabajando mientras vivan.

Por si eso no fuera suficiente tanto PP como PSOE, han ido aprobando Reformas Laborales que han conseguido cambiar la relación entre trabajador y empresa. Si hasta hace unos años quien explotaba a los trabajadores era el empresario, ahora es el propio trabajador el que ha de explotarse a sí mismo, ahí tenemos los ejemplos de los falsos autónomos del reparto, o trabajadores con contratos temporales compitiendo entre sí por las migajas de las Empresas Temporales de Trabajo.

Por tanto, desde esta perspectiva, es absolutamente normal que nuestro Sistema Público de Pensiones se resienta y tenga dificultades, como sistema de Reparto (por eso exigimos la aportación necesaria desde los Presupuestos Generales del Estado), pero esta es una operación planificada y deliberada para hacerle caer paulatinamente, de tal forma que la ciudadanía no se dé cuenta de ello.

Y para hacer más visible que el sistema no es sostenible, generan el déficit mediante la petición de préstamos al Tesoro Público, que tarde o temprano se habrán de devolver.

La siguiente recomendación en la que nos hemos de fijar, es la que hace que sean compatibles, las pensiones públicas y las pensiones privadas. Estas provocan un vaciado de recursos del Sistema Público, a la vez que crean dos clases de trabajadores/as claramente diferenciadas, los/las que tienen empleo fijo y bien remunerado, que podrán disponer de dos pensiones el día que se jubilen, y los trabajadores y las trabajadoras con empleos de menos calidad, que solo podrán optar a la pensión pública, que por lo general será muy baja. Pero es que además, estos fondos que salen del Sistema Público, no contribuirán a la solidaridad intergeneracional e interterritorial que supone un sistema de reparto como el nuestro.

La siguiente recomendación que hemos de comentar es la 4ª ya que dice que se han de integrar todos los regímenes especiales en el Sistema General de la Seguridad Social. Pues bien a día de hoy, 25 años después de la creación de la comisión, seguimos teniendo 12 regímenes diferentes de pensiones, lo que desde luego no contribuye en absoluto a una mejor gestión.

De las demás recomendaciones, las personas que tengáis la paciencia de leer esto veréis que apenas se ha avanzado nada.

¿DÓNDE PODIA LA COMISIÓN HABERSE PRONUNCIADO EN DEFENSA DEL SISTEMA?

Esta Comisión del Pacto de Toledo, ha tenido varias ocasiones de hacer una defensa a ultranza de nuestro Sistema Público de pensiones, pero no se ha destacado por ello, más bien todo lo contrario o ha optado por el silencio más absoluto o ha contribuido a que las medidas de Gobierno fueran a peor. Vale la pena recordar por ejemplo:

La reforma de 2.011 de Zapatero, donde tuvo buena ocasión de advertir al Gobierno de las graves consecuencias de la misma, ya que supone en la actualidad una grave reducción de la pensión, por el aumento de la edad de jubilación y de los años de la base reguladora, reducción que se viene produciendo desde el año 2.015.

También pudo hacerlo con la congelación de Mariano Rajoy, y su reforma de 2.013 con el Factor de Sostenibilidad, que nos hará cobrar menos cuanto más esperanza de vida tengamos. No dijo nada, cuando también Rajoy, modifico la Ley que impedía al Gobierno retirar más del 3% del Fondo de Reserva, lo que provoco el agotamiento de este en solo tres años.

O lo pudo hacer cuando la oposición acudió al Tribunal Constitucional, en contra de la congelación de las pensiones del Gobierno de Rajoy, emitiendo una declaración contundente, o cuando se supo la sentencia de dicho Tribunal Constitucional, con cuatro votos particulares. Pero no: la callada como norma.

Tampoco se ocupó en absoluto del cálculo que se hacía al aplicar la pensión a los contratos temporales, que afectan principalmente a mujeres. Fue el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el que tuvo que enmendar al Gobierno. No les ha preocupado en absoluto la diferencia de género en materia de pensiones, que es de un 37% en contra de las mujeres.

No ha dicho absolutamente nada sobre las recientes declaraciones del Gobernador del Banco de España, que día sí y día también ataca a nuestro Sistema Público de Pensiones. Ni ha sido capaz de pedir una auditoria, sobre el destino de los 70.000 millones del Fondo de Reserva, Ni se ha pronunciado sobre el informe de “Economistas Frente a la Crisis donde se dice que los Gobiernos de turno, gastaron los fondos de la Seguridad Social en temas que no eran de su competencia, y que a día de hoy supondrían 500.000 millones de euros. No se pronuncia sobre la posibilidad de implantación de la Mochila Austriaca, algo totalmente inviable en nuestro país

Con este historial, no podemos entender el interés del Gobierno en resucitar dicha comisión y sus 23 recomendaciones pendientes, que hicieron saltar por los aires hace un año a dicha comisión, ante la oposición de Unidas Podemos y ERC para aceptarlas tal y como se proponían. No podemos menos que preguntarnos ¿Por qué entonces no era posible y ahora sí?

QUÉ PROPONEMOS.

Es evidente que proponemos la sustitución de dicha comisión por una verdadera mesa de trabajo, donde estén presentes los y las pensionistas junto con otras organizaciones sociales. Una mesa promovida por el Gobierno, pero completamente independiente de él, formada también por especialistas en áreas de economía, derecho laboral, seguridad social, derechos humanos, etc. Todas personas de reconocido prestigio. Una mesa que estudie con todos los datos disponibles, a) porque hemos llegado a esta situación, b) que podemos hacer para solucionar el mal denominado déficit del sistema,

c) como poder aplicar una pensión mínima de 1.084 € que fija la Carta Social Europea, d) como reducimos la diferencia de género, e) como abordamos el futuro de pensiones dignas para las generaciones venideras, y un montón de cuestiones más en torno a un SPP totalmente necesario, en la actualidad y para el futuro.

Es muy posible, que los intereses que se mueven entorno a una comisión de esta índole como el PT, haga que resulte muy difícil que tomen la decisión de suprimirla, pero si insistimos, si en realidad somos capaces de hacer verdaderas aportaciones de mejora, y que estas trasciendan a la ciudadanía la comisión no tendrá más remedio que morir, ya que la gente se dará cuenta de su inutilidad.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR. NUNCA DESISTIR.

Y LA SUBIDA DE LAS PENSIONES MÍNIMAS ¿PARA CUANDO?

COESPE MUJER

Y LA SUBIDA DE LAS PENSIONES MÍNIMAS ¿PARA CUÁNDO?

Primero nos mantuvieron en la incertidumbre de si subían o no las pensiones con respecto al IPC para este 2020. Recordemos que desde las reformas de 2011 y 2013 nos enfrentamos a un continuo desasosiego de cobrar pensiones cada vez más bajas, aunque con más años cotizados, por el llamado Factor de Sostenibilidad que lleva consigo el Factor de Equidad Intergeneracional, que se aplicará en 2023 y consiste en que cuanto más vivas más pobre serás, y el Factor de Revalorización Anual por el que las pensiones subirán solo un 0,25% si el sistema está en déficit, independientemente de que lo haga el IPC. Con las deudas a las que han llevado a la Seguridad Social y los gastos que les incluyen en sus cuentas que no le corresponde, el sistema de pensiones tendrá déficit durante muchos años, en definitiva, iremos perdiendo poder adquisitivo año tras año.

Posteriormente, en el primer consejo de Ministras y Ministros de este gobierno de coalición se aprueba una subida del 0,9%, con efectos retroactivos al 1 de enero, pero se deja fuera la promesa electoral de subir cada año las pensiones más bajas en un porcentaje superior al IPC. Medida que sería un claro intento de ir eliminando lo que denominamos brecha en las pensiones, la brecha entre las que más cobran y las que menos y la brecha de género que condena a las mujeres a cobrar como media hasta un 37% menos que los hombres.

Por tanto, no es de extrañar escucharnos, sobre todo a nosotras, decir que esa subida no nos compensa para nada el aumento del coste de la vida. Para quienes cobren una pensión media de unos 1100€, la subida es de unos 10€ mensuales, pero para quienes cobran una pensión no contributiva, de viudedad, de orfandad o de invalidez, esa subida puede no llegar ni a 3€. Los alquileres, la alimentación y los gastos básicos para las personas pensionistas suben por encima de ese 0,9%.

No es casual que precisamente aquellas pensiones más empobrecidas sean las de una mayoría aplastante de mujeres. Parece que le viene muy bien a este sistema que ocupemos los puestos de trabajo peor pagados o los de la economía sumergida, donde las cotizaciones suelen ser muy bajas o inexistentes. O que no se reconozca los trabajos de cuidados que realizamos sin ningún tipo de remuneración, aunque signifiquen el 14,9% del PIB.

La mayoría del colectivo de pensionistas somos mujeres, pero no somos las que recibimos las pensiones altas sino las más precarias, las que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Muchas de nosotras somos viudas, sufrimos algún tipo de invalidez o percibimos pensiones no contributivas.

No entendemos que un gobierno, que se autodenomina progresista y feminista, haya dejado a las mujeres pensionistas en la misma situación en las que nos tenían los anteriores. No entendemos cómo se deja en una hipotética y futura negociación entre los que se llaman agentes sociales y no se afronta inmediatamente la subida de las pensiones más exiguas, insuficientes y desfavorecidas para superar los umbrales de pobreza y la exclusión social.

Quedan muchas cuestiones pendientes, entre otras la derogación de las dos reformas laborales y la de la Ley de pensiones para que se introduzcan correctores necesarios que tengan en cuenta las violencias que sufrimos, la discriminación y opresión que soportamos como mujeres en todos los terrenos, desde el laboral hasta las pensiones; así como conseguir la eliminación del factor de sostenibilidad, bajar el número de años cotizados para recibir una pensión o la edad a la que nos tenemos que jubilar; o el reconocimiento de muchas enfermedades que sufrimos, establecer condiciones dignas en los trabajos, la conciliación familiar, el trabajo de cuidados y un largo etc.

Pero lo fundamental, lo inmediato, lo imprescindible tiene que ser atender las necesidades de quienes viven por debajo del umbral de pobreza y en exclusión social. No olvidemos que la frase LA POBREZA TIENE ROSTRO DE 

MUJER no es un slogan, es una realidad cruel e injusta.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN.

El ‘boom’ de las residencias de mayores, un sector ‘imán’ para los fondos de inversión

El sector de las residencias de mayores no ha parado de crecer en los últimos cinco años. Desde 2008 hasta 2018, pasó 4.055 a 4.500 millones de euros (10% de crecimiento), con previsión de alcanzar los 4.850 millones en 2020, según datos del Observatorio Sectorial de DBK. Y es que se trata de una inversión que supone inicialmente un gran desembolso de dinero (construir, equipar y dotar de servicios sociosanitarios al centro), pero que a medio y largo plazo suele ser bastante segura y estable, más teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población. En concreto, según el experto en negocios inmobiliarios, doctor en economía y exdirector de Mapfre (@MAPFRE), Julián Salcedo, la rentabilidad de estas empresas ronda «el 4 ó 5%». 

En esta coyuntura, las empresas han decido apostar por ofertar más plazas y, en menor medida, por contruir nuevos centros. De esta manera, según datos del CSIC, en 2019 había 372.985 (en 5.417 residencias) en toda España, para una población mayor de 65 años de 9.055.580, frente a las 351.548 plazas que había en 2013 (en 5.390 residencias). 

Sin embargo, queda todavía mucho por hacer y hay margen de crecimiento. La relación entre población mayor y camas apenas equivale a una ratio de 4,1%, un porcentaje inferior al 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud para dar una correcta cobertura a la población dependiente, por lo que «se estima que, pese al crecimiento de los últimos 10 años, en este momento hay un déficit de camas que está en torno a las 10.000», sostiene el economista. Incluso, los hay que van más allá, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lo cifran en unas 70.000.

Multinacionales extranjeras 

Por otra parte, se trata de un sector muy atomizado, pero que, en los últimos años, ha tendido a la concentración: cerca de un cuarto de las plazas están en manos de cinco grandes empresas: Domus Vi (@DomusVi_Es), Orpea (@ORPEA_), Amavir (@GrupoAmavir), Ballesol (@GrupoBallesol) y Sanitas (@sanitas), que suelen gestionar sobre todo centros de gran tamaño, de más de 100 camas (gráfico, abajo). 

Aun así, opina el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández-Cid, el crecimiento de estas empresas tiene un límite, porque la «población mayor vive muy dispersa» en España y esto hace que haya muchas pequeñas y medianas compañías dedicadas a los cuidados de los mayores en las distintas localidades. «Nuestro hermano mayor podría ser el sector hotelero y, en su caso, los grandes grupos llegan sólo al 30%», ejemplifica. 

En cuanto a estos cinco actores empresariales, cabe destacar que dos de ellos son fruto de la fusión de varias empresas. Concretamente, Domus Vi se compone de dos grandes sociedades, Geriatricos SA y SARquavitae y, por otro lado, Amavir se creó a raíz de la compra del grupo Amma por Adavir. Además, ninguna de las dos es originaria de España, sino que son multinacionales de origen francés (al igual que Orpea). 

Respecto al volumen de negocio, estas empresas suelen facturar al año desde aproximadamente 130 hasta más de 400 millones de euros, sólo por la explotación de centros residenciales. Entre las cinco, suponen «23% del negocio total», según datos de DBK. Como caso ilustrativo de la cuantía que mueven estas sociedades podría ponerse el de Domus Vi, la compañía más grande de este sector: en 2018 facturó 376,9 millones de euros y preveía superar los 400 millones en 2019. 

Entrada de fondos de inversión 

Otros actores fundamentales para comprender el negocio de las residencias son los llamados fondos de inversión. «Hemos estado siempre, de forma cíclica, de moda. Pasamos de brillar, al oscurantismo. Históricamente nos han querido comprar sociedades de capital riesgo, constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de ahorro y, ahora, los fondos de inversión. Nos quieren por nuestros ladrillos», sostiene el dirigente de la FED. Y es que, actualmente, parte del capital de las cinco empresas más poderosas del sector de las residencias lo poseen este tipo de sociedades que, según Fernández-Cid, «no se meten en la gestión» y sólo buscan «sacar rentabilidad». 

En concreto, entre los propietarios de Domus Vi se encuentran el fondo inglés ICG y el holding francés SRS. Por otro lado, la empresa Orpea tiene desde 2013 una participación del fondo de pensiones canadiense CPP Investment Board. Y otros, como Ballesol, forman parte del Grupo Santalucía. 

Para el economista Julián Salcedo, este interés de los fondos por las residencias responde a lo que se conoce como «inversiones alternativas», es decir, un dinero que destinan a ciertos sectores que creen que pueden ser rentables a medio plazo. De esta manera, asegura Salcedo, el mecanismo consiste en comprar parte de las empresas, «tenerlas durante unos cinco años, hacerlas crecer y cuando tengan un tamaño suficiente, las venden a un tercero». Gracias a este mecanismo, apunta, los fondos estarían sacando por encima de un «10% de beneficio», frente al 4% que suele generar la propia gestión. 

Finalmente, aunque ambos entrevistados reconocen que el interés de estas sociedades por este mercado no durará para siempre, sí que consideran positiva su llegada. «Al final, en unos años, cuando lleguen los de la generación del baby boom, necesitaremos muchísima más oferta», comenta el presidente de la FED. «Un compañero de viaje como éste tiene todo el sentido del mundo», añade. 

Una tesis que no comparten asociaciones de familiares ni sindicatos, que se muestran preocupados. «La entrada de los fondos de inversión en las residencias es una demostración palpable de que se trata de un negocio en el que priman más los beneficios económicos que la atención a nuestros mayores. Desde que están en el sector de las residencias, se puede asegurar que la situación ha empeorado. Por ejemplo, en el ránking que hemos elaborado sobre las residencias sancionadas por la Comunidad de Madrid entre 2014 y 2018 están a la cabeza Orpea, con diez, Sanitas, con nueve, Amavir, con siete y Domus Vi, con cuatro», sostiene el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (@pladigmare), Miguel Vázquez. 

Por ello, proponen que la solución venga de lo público y que sea el Estado el que invierta en el sector, mediante «un Plan de Creación de Residencias Públicas que compense el desequilibrio».

Fuente: Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Un mercado dependiente de la concertación 

Y es que hay que tener en cuenta que el crecimiento de este sector no sólo depende del mercado sino también, en gran medida, de la inversión pública. Y más en concreto, de los fondos que destinan las Comunidades Autónomas para la concertación de camas, es decir, la colaboración público privada o la llamada «externalización» de servicios. 

Para entender el peso del Estado en este sector, basta con remitirse a las cifras del Obsertario Sectorial de DBK de 2018: el 59% del mercado total correspondía a las residencias privadas (2.655 millones de euros de volumen de negocio), 30,4% a concertadas (1.370.000 euros) y el 10,6% restante a las públicas. Y en lo que se refiere a camas, según esta misma entidad, «65% eran plazas privadas puras (186.300)» y las concertadas supusieron 99.100. 

Las autonomías pagan alrededor de unos 60 euros al día por residente a las empresas que gestionan residencias con plazas concertadas (de financiación total) o centros públicos (de gestión indirecta). Una cifra baja, para el presidente de la FED, Fernández-Cid, teniendo en cuenta el paquete de servicios que se incluyen en una residencia: «medicina, enfermería, terapia ocupacional, restauración, asistencia, etc.». Y que ha provocado que muchas empresas decidan no volver a concertar con la Administración. Como en Madrid, donde según el dirigente de la FED, no se concertaron este año «1.200 plazas», «por el desajuste entre precios y condiciones del servicio». 

Con todo, en opinión de Salcedo, resulta inevitable que muchas empresas acaben concertando plazas. Y es que España es un país donde la pensión media ronda los 996,79 euros y el precio medio de una plaza privada se mueve en torno a los «1.777 euros al mes, 1.955 con IVA«, según un informe de 2017 del portal Inforesidencias, una cuantía difícilmente asumible por la mayoría de la ciudadanía. 

“Los que pueden pagar estas plazas, normalmente recurren a una ayuda familiar. Después, también está la fórmula recogida en la Ley de Dependencia del Cheque o Prestación Económica Vinculada al Servicio. En función del grado, se tiene derecho a una ayuda más o menos importante. Actualmente, con los 500 o 700 euros que dan, más la pensión, unos pequeños ahorros y la aportación familiar se logran pagar las facturas”, explica Fernández-Cid. 

No obstante, sólo con estos clientes (de las residencias 100% privadas), matiza Salcedo, no es sencillo cuadrar las cuentas y, por ello, se hace imprescindible concertar plazas con el Estado, aunque sea a un menor precio. «Al final la idea es que entre todas (privadas y concertadas) se puedan cubrir los costes y, al menos, den algún beneficio», concluye. 

CARTA DE UNA PERSONA JUBILADA A LOS POLÍTICOS

Carta abierta de una persona jubilada a los Partidos Políticos

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.

Todo lo que veis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.

Levantamos un país que venía de una dictadura. Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas. Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas, eran las hijas e hijos los que tiraban del carro. Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios. Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera sólo vuestra.

Llevasteis a nuestros hijos e hijas a una crisis económica, que nosotras hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.

No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios. Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.

Señores y señoras Diputados Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas. Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por Uds.

No salgan a la calle ahora en las manifestaciones, para hacer propaganda electoral.

No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos. No nos hace ninguna gracia ver qué tono agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus debates- Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura.

Demuestren que son personas dignas de la confianza que les hemos depositado.

Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres y madres en la calle. Se les tendría que caer la cara de vergüenza.

Somos una generación de personas luchadoras. No van a poder callarnos la boca. Sería tremendo que tengamos que ser nosotros, de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.

Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente, a estas alturas de la vida.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN